El miércoles pasado, cerca de las 17:00, cuando terminaban el festejo de fin de año empleados de la Procuraduría del Estado fueron sorprendidos por un operativo de la Policía Judicial de Pichincha y del Juzgado 9º de lo Penal de Pichincha para apresar a 19 miembros de la Asociación  de Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado (Asopge).

Ellos enfrentan cargos por mal manejo de fondos públicos, en el caso de cobro excesivo de bonos y compra indebida de bienes inmuebles por más de siete millones de dólares, financiados con dinero del Estado.

Moradores del sector contaron que los policías -vestidos de civiles- se ubicaron en los exteriores de la Procuraduría. Algunos empleados se resistieron por lo que llegaron refuerzos (entre 60 y 70) y empezaron a lanzar gases lacrimógenos.

Por no contar con una orden de allanamiento, los uniformados no pudieron ingresar. El documento llegó dos horas después pero, para entonces, todos los burócratas habían abandonado el lugar por una salida posterior.

Sin embargo Xavier Vélez, presidente de la agrupación, y otros dos directivos habrían sido apresados dos horas más tarde al llegar a sus domicilios. Esta versión fue desmentida por Alejandro Vanegas, abogado de la Asopge.

Vanegas fustigó la acción policial, expresó que cinco funcionarios fueron agredidos y sufrieron ahogamientos. “Esto es un atropello, es un acto ilegal y pediremos la intervención del Presidente de la República para que se revoquen las órdenes de prisión”.

La controversia surgió en octubre pasado cuando el  procurador Diego García denunció que su antecesor Javier Garaicoa autorizó dos transferencias por cerca de $ 7 millones en favor de la Asopge.