Argentina acaba de dar un paso trascendental al despenalizar la injuria. Para quienes no están familiarizados con el concepto, expliquémoslo mejor. En nuestra legislación, si una persona ofende a otra, puede acabar en la cárcel. Es fácil entender que la relación entre falta y sanción es absolutamente desproporcionada. Uno de los protagonistas es herido en su honra; el otro, en algo muchísimo más trascendental, su libertad. Por ese motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con motivo de una demanda que presentó el periodista Eduardo Kimel– solicitó a la Argentina que modifique su legislación pertinente, dejando como única posible sanción la reparación por daños y perjuicios.
Con esto los derechos humanos han obtenido en América Latina un gran triunfo, justo en momentos cuando en Ecuador, donde gobierna la misma corriente ideológica, se intenta infligirle una gran derrota a la libertad de expresión.